El 2026 será un año agitado en materia electoral. Solo en América Latina habrá elecciones presidenciales en Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú, entre otros países, una situación que nos lleva a evaluar la tecnología en juego para salvaguardar estos procesos democráticos. ¿En qué consiste y qué desafíos enfrenta?

La única certeza al comenzar el 2026 es la incertidumbre, especialmente en términos geopolíticos, una circunstancia que sirve de telón de fondo a los procesos electorales de varias de las principales economías de América Latina (Brasil, Colombia y Perú), procedimientos que deben ser protegidos tanto física como digitalmente. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra la ciberseguridad electoral?

Para comenzar, la seguridad de los procesos electorales enfrenta una convergencia de amenazas que van desde ciberataques sofisticados a la infraestructura hasta campañas de desinformación impulsadas por inteligencia artificial y la interferencia de actores estatales.

Es decir, hablamos de adversarios que han perfeccionado su capacidad para atacar tanto los sistemas técnicos como el ecosistema de información que rodea a los comicios. Además, las elecciones atraen a una variedad de actores maliciosos, entre los que se incluyen actores patrocinados por Estados, ciberdelincuentes, hacktivistas, personas con información privilegiada y entidades que ofrecen operaciones de información como servicio.

Para colmo de males, la infraestructura electoral suele ser diversa y, en muchos casos, opera con tecnología heredada, presupuestos limitados y personal con niveles de capacitación variables en ciberseguridad. Eso sin mencionar sus vectores de ataque únicos, como los sistemas de registro de votantes conectados a Internet, el software de gestión electoral, las máquinas de votación electrónica, los sistemas de tabulación, los sitios web de los organismos electorales y los sistemas de difusión de resultados.

Algunos tipos de ataques

La infraestructura electoral se ha convertido en un objetivo crítico precisamente por su función en la legitimación de los procesos democráticos. Por ello, la superficie de ataque incluye desde las bases de datos de registro de votantes hasta las máquinas de votación y los sistemas de gestión electoral.

En este escenario, los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) siguen siendo la amenaza más frecuente, como ocurrió en Ucrania en 2019, Estados Unidos en 2024 y México en 2021 y 2024, entre otros casos. Se trata de incidentes que buscan generar incertidumbre pública sobre la confiabilidad del sistema y saturar los recursos administrativos durante periodos críticos.

El uso de ransomware contra bases de datos de votantes plantea riesgos aún más graves, ya que permite a los atacantes extraer información sensible antes de exigir un pago. Como muestra, en Estados Unidos, desde 2020, 23 estados han sufrido brechas en sus bases de datos de votantes, lo que representa aproximadamente el 46 % del total.

Estos datos —que incluyen nombres, direcciones, afiliaciones políticas, correos electrónicos y números de teléfono— podrían utilizarse para realizar campañas de desinformación, entre otros fines.

Tecnologías para el blindaje de las urnas

Para contrarrestar las amenazas contra los sistemas electorales y garantizar la integridad en el registro y la validación del elector, una de las tecnologías más utilizadas es la validación biométrica, combinada con mecanismos de autenticación multifactor.

Estas herramientas permiten verificar la identidad del ciudadano de manera más ágil y segura y, en algunos sistemas, se complementan con el uso de VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail), que generan un comprobante físico del voto.

Esta combinación tecnológica permite que, ante fallos o controversias en los sistemas electrónicos, exista una capa de auditabilidad manual que facilite recuentos físicos y contribuya a la legitimidad del proceso electoral.

En cuanto a la protección de los datos, se han investigado y probado técnicas criptográficas avanzadas, como la encriptación homomórfica y las pruebas de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proofs), con el objetivo de preservar el anonimato del votante sin comprometer la exactitud del conteo.

La encriptación homomórfica permite realizar operaciones matemáticas sobre datos cifrados, reduciendo la necesidad de acceder a la información en texto plano (sin cifrar) durante el procesamiento de los resultados.

De forma complementaria, el uso de tecnologías de registro distribuido (DLT), incluido el blockchain, ha sido explorado en pilotos y entornos controlados para mejorar la trazabilidad y la integridad de los registros electorales.

En conclusión, el blindaje electoral moderno exige una arquitectura de ciberresiliencia basada en infraestructuras certificadas, controles de seguridad perimetral y prácticas de segregación de funciones.

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Hace un tiempo, los esquemas de resiliencia empresarial se basaban en la creación de copias de respaldo, seguras, invulnerables y redundantes, sin embargo, con el paso del tiempo esto dejó de ser suficiente para garantizar la continuidad de procesos de negocios, ¿cómo transitar ese camino en las organizaciones?

Existe una paradoja referente a las copias de seguridad informática, expuesta en el estudio  The State of BCDR Report 2025 que afirma que aunque las copias y la recuperación de datos deberían ser un motivo de tranquilidad para las empresas, en muchas ocasiones se han convertido en una fuente de frustración, complejidad y riesgo. Y es que, siendo francos, los backups ya no son suficientes.

Por supuesto, las copias de seguridad siguen siendo necesarias y son un pilar de la gestión informática, pero en el complejo ecosistema actual de nubes híbridas y microservicios, este enfoque resulta insuficiente para asegurar la continuidad operativa frente a incidentes catastróficos.  Esto porque el impacto financiero del tiempo de inactividad dejó de ser una preocupación técnica para convertirse en un componente estratégico.

Como muestra y según investigaciones de consultoras como IDC y Splunk, las empresas del Global 2000 pierden aproximadamente 400.000 millones de dólares anuales debido al tiempo de inactividad. Esta cifra no solo contempla la pérdida directa de ingresos, sino también las penalizaciones por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio y la erosión de la confianza en la marca.

Para colmo de males, informes de especialistas en protección de datos, como Veeam, indican que aproximadamenteel 58% de las copias de seguridad fallan en el momento de la restauración. Esto implica que más de la mitad de la inversión en protección de datos podría ser inútil durante una crisis real.

La brecha entre los datos y la continuidad

La diferencia fundamental entre un respaldo y la resiliencia radica en la capacidad de reconstruir el sistema completo, no solo los archivos. Mientras que el respaldo tradicional se centra en la retención pasiva de datos, la recuperación moderna debe considerar las dependencias de red, la identidad de los usuarios y las configuraciones de infraestructura.

Keri Pearlson, directora ejecutiva de ciberseguridad en el MIT Sloan, enfatiza que el objetivo realista debe ser la ciberresiliencia: la capacidad de una empresa para responder y volver a operar con la mínima interrupción posible, aceptando que la protección total es inalcanzable.

Uno de los principales retos técnicos es la distinción entre consistencia de choque (crash-consistent) y consistencia de aplicación (application-consistent). Las copias de seguridad de choque capturan los datos tal como están en el disco, similar a lo que ocurre tras un corte de energía, lo cual suele ser insuficiente para bases de datos complejas como SQL o Oracle.

En contraste, la consistencia de aplicación garantiza que la memoria y las transacciones pendientes se procesen correctamente antes de la captura. Sin este nivel de precisión, el proceso de reconstrucción de datos tras un fallo puede requerir horas de conciliación manual, excediendo cualquier objetivo de tiempo de recuperación razonable.

Estrategias para garantizar la continuidad operativa

Para asegurar que los respaldos se traduzcan en una recuperación real, las organizaciones deben evolucionar hacia un modelo de verificación activa. No basta con poseer los datos; es necesario garantizar que estos puedan levantar la operación en el menor tiempo posible.

La implementación de pruebas de restauración recurrentes y automatizadas es el primer paso hacia este propósito. Realizar auditorías periódicas de integridad de datos y de capacidad del repositorio permite identificar riesgos críticos, como la corrupción silenciosa (bit rot) o el agotamiento de almacenamiento, antes de que ocurra una crisis.

En lo que se refiere a infraestructuras virtualizadas, se pueden emplear técnicas de validación rápida como:

• Boot validation: confirmar que la máquina virtual arranca correctamente.
• Pruebas de evidencia: generación automática de capturas de pantalla del sistema operativo iniciado.
• Limitación: aunque estas señales son útiles para un diagnóstico veloz, no sustituyen a las pruebas funcionales profundas.

Adicionalmente, las pruebas en entornos aislados o sandbox son fundamentales para detectar dependencias críticas que suelen ignorarse, como servicios de DNS, certificados y configuraciones de red. Este análisis previo permite asegurar que la infraestructura responda correctamente antes de un incidente real. Asimismo, realizar simulacros programados es una inversión necesaria para mitigar los altos costos del tiempo de inactividad.

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Sin importar lo sofisticada que sea, la tecnología no es suficiente en labores tan complejas como la ciberseguridad, una disciplina donde las metodologías e iniciativas como la gestión de riesgos son indispensables. ¿En qué consiste y cómo aplicarla a las empresas?

¿Sabía usted que en el Código de Hammurabi, redactado hace casi 4.000 años, ya se establecían mecanismos financieros para proteger a los comerciantes cuyas mercancías fueran robadas o destruidas durante el transporte? Aunque puede parecer algo del mundo moderno, la gestión de riesgos existe desde hace siglos.

En el entorno actual, dominado por la volatilidad global y las amenazas híbridas, la gestión de riesgos ha dejado de ser una simple cláusula legal para convertirse en un imperativo estratégico que, al igual que en la antigua Babilonia, busca garantizar la continuidad del negocio frente a lo inevitable.

Para ser más exactos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como “un proceso sistemático que implica la identificación, evaluación, priorización y mitigación de posibles amenazas o incertidumbres que pueden afectar al logro de los objetivos de la organización. Abarca estrategias y prácticas destinadas a minimizar los impactos negativos en el rendimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad, al tiempo que maximiza las oportunidades de crecimiento y éxito”.

La gestión de riesgos, lejos de ser una lista de verificación de cumplimiento, transforma la incertidumbre en variables gestionables mediante la identificación, evaluación y priorización de peligros potenciales. Una organización que gestiona sus riesgos no espera a que ocurra un accidente para actuar; para este fin se usan herramientas y metodologías que conforman un mercado global que generará más de 51.970 millones de dólares para 2033, según la firma Grand View Research.

¿Cómo se aplica la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos (o Risk Management) consiste en un proceso estructurado y cíclico que abarca desde la identificación de peligros físicos, químicos o digitales, hasta la implementación de una jerarquía de controles. Primero se recopila información interna y externa para anticipar amenazas y oportunidades; luego se analizan escenarios y se diseñan controles preventivos y planes de mitigación.

Posteriormente, se realiza un monitoreo constante para detectar cambios en el entorno y medir la efectividad de los controles implementados. Este enfoque permite pasar de una reacción ante incidentes a una gestión proactiva, alineada con los objetivos estratégicos y con la resiliencia organizacional.

La tecnología juega un papel central en este proceso. Plataformas GRC (Governance, Risk & Compliance) integran datos, controles y reportes en tiempo real; la analítica avanzada y la inteligencia artificial permiten detectar patrones, predecir eventos y simular escenarios complejos; mientras que la automatización y el monitoreo continuo reducen errores y tiempos de respuesta.

Además, herramientas de ciberseguridad, gestión de datos y modelos predictivos fortalecen la capacidad de las organizaciones para anticipar riesgos, responder con rapidez y sostener la operación en contextos de alta incertidumbre.

Depende del apetito

Otro elemento clave en la gestión es el apetito de riesgo, un indicador que define el nivel y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Consiste en establecer límites claros —cuantitativos y cualitativos— sobre lo que es aceptable y lo que no, considerando factores como la capacidad financiera, el entorno regulatorio, la reputación y la madurez operativa.

Un apetito de riesgo bien definido guía las decisiones de inversión, prioriza iniciativas, alinea a la alta dirección y evita exposiciones innecesarias, convirtiéndose en un marco de referencia clave para equilibrar crecimiento, innovación y control.

Al integrar estos análisis en la toma de decisiones estratégicas, las compañías transitan de un modelo reactivo, basado en la investigación forense de accidentes, a uno preventivo que busca la seguridad operativa y la continuidad del negocio frente a interrupciones internas o externas.

Beneficios tangibles y desafíos estructurales

La adopción de una gestión de riesgos robusta genera beneficios financieros directos e indirectos que van más allá de la prevención de lesiones. Estadísticamente, se estima que, por cada dólar invertido en programas de seguridad y gestión de riesgos, las empresas obtienen un retorno de inversión de entre 3 y 6 dólares debido a la reducción de costos por accidentes, litigios y paradas operativas.

Además, una sólida gestión de riesgos reduce el costo de capital, ya que las agencias de calificación crediticia y los inversores valoran la resiliencia operativa, otorgando mejores tasas de crédito a las organizaciones con menor volatilidad ante imprevistos.

En el ámbito operativo, la gestión de riesgos mejora la productividad y la moral de la fuerza laboral. Entornos de trabajo donde los riesgos están controlados fomentan la seguridad psicológica, permitiendo que los empleados reporten errores o casi accidentes sin temor a represalias, lo cual es vital para la mejora continua.

Ahora el turno es para usted, ¿cómo gestiona el riesgo en su organización?

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