#QuédateEnCasa: es la petición de gobiernos, empresas y particulares a todos los ciudadanos para contribuir al fin de la pandemia. Pero como no todo el mundo se queda en casa todo el tiempo, surgen muchas dudas: ¿las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios? ¿Hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia que otras? ¿Cuál es la concentración de población de las diferentes zonas en relación a su capacidad sanitaria?

Con el fin de responder a estos interrogantes, el Gobierno ha puesto en marcha un estudio destinado a medir la variación diaria de flujos poblacionales que se mueven a nivel municipal o provincial durante la crisis sanitaria llamado DataCOVID-19. El poder del Big Data se pone así al servicio de la salud pública:

«Para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, ganando así en eficiencia para una toma de decisiones sanitarias basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio.»

El gobierno no quiere rastrearte para multarte si no cumples con el confinamiento

Desde hace muchos años, las empresas llevan utilizando el Big Data y la inteligencia de negocio (Business Intelligence) para la toma de decisiones basadas en datos (data-driven decisions). Por ejemplo, LUCA, la unidad de datos de Telefónica, ha creado la plataforma Smart Steps, que analiza datos anonimizados de accesos a su red y genera insights agregados sobre las tendencias globales de grupos de personas, ayudando de esta forma a las organizaciones a optimizar su propuesta de valor.

Por tanto, no sólo no es de extrañar, sino digno de aplauso, que también el Estado decida utilizar estas potentes herramientas para tomar decisiones eficaces basadas en los datos, sin riesgo alguno para nuestras libertades. Y fue precisamente este uso avanzado de datos lo que propuso el Gobierno el pasado 27 de marzo con la Orden SND/297/2020:

«Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento.»

Ahora bien, hubo quien interpretó este párrafo como si se tratara de un rastreo individual y personalizado de todos y cada uno de los ciudadanos para vigilar si cumplían o no con el confinamiento y multarlos en consecuencia. Como era de esperar, al rato los bulos inundaron las redes sociales con mensajes orwellianos: pérdida de libertades, violación del derecho a la privacidad, espionaje del Estado en connivencia con las teleoperadoras y cosas peores.

Aunque es ahora, en mitad de la crisis del coronavirus, cuando este estudio ha generado este enorme revuelo, en realidad esta polémica viene de atrás. Como ya explicó el INE en un comunicado de octubre de 2019 en relación con otro controvertido estudio de movilidad sobre los desplazamientos en vacaciones:

«Los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal.»

¿Cómo puede entonces el INE saber todo sobre el movimiento de la población en su conjunto?

Seguro que sabías que los teléfonos móviles se comunican con antenas que están situadas en celdas. Cada antena da servicio a todos los terminales que en cada momento caen dentro de su área de cobertura. En zonas densamente pobladas, las operadoras ubican muchas celdas y muy juntas para dar servicio a la gran cantidad de abonados que entran dentro de cada una, a distancias tan pequeñas como 400 m, mientras que en áreas despobladas las antenas pueden distar hasta 8 km.

A medida que un usuario de telefonía móvil se desplaza, va cambiando de una celda a otra. Para que la telefonía móvil funcione, tu operadora necesita saber en todo momento en qué celda te encuentras para hacerte llegar llamadas entrantes o permitirte llamar. Debido a que las celdas de la red celular cubren áreas que suelen oscilar entre los 800 y los 8000 m², no es posible ubicar a un usuario con total precisión, como con un GPS. La posición conocida por la operadora es siempre aproximada, con un error típico de entre 400 y 8.000 m. Partiendo de este error, se puede saber en qué barrio se encuentra un terminal, pero no se puede determinar si está dentro de casa, en el parque o en el supermercado.

Por tanto, las operadoras ceden al INE datos de posición anonimizados y aproximados, sin datos personales de ningún tipo. Los datos de posición aproximada de las tres grandes operadoras permiten disponer de una muestra de más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España, dividiendo todo el territorio nacional en unas 3200 áreas de movilidad. Los datos de ubicación no son extraídos de los terminales móviles, sino que se extraen de la red móvil y se asignan a nivel de distrito censal, que es la mínima unidad geográfica utilizada.

Por si fuera poco, las operadoras evitan asimismo una reidentificación posterior de los terminales a través de varias medidas de protección extra de la privacidad: establecer áreas muy amplias en zonas poco pobladas, excluir áreas con menos de 5000 abonados, etc. El estudio seguirá en marcha mientras dure la emergencia sanitaria y hasta que se restablezca la normalidad.

Tras estas operaciones, el INE solo recibe información agregada que le permite sacar conclusiones del tipo, por ejemplo, que el 3,5% de los habitantes de un determinado barrio salen a trabajar diariamente frente a un 17,9% de otro barrio. Pero a partir de los datos entregados por las operadoras ni el INE ni el Estado tienen forma de precisar si tú te quedas o no en casa.

¿Cumple este estudio con las leyes de protección de datos?

La respuesta es un rotundo «sí». Como no se utiliza ni proporciona ningún dato personal, ni cualquier otro que pudiera servir para identificar a usuarios, no es posible ningún tipo de cruce con otras fuentes de datos, como las referentes al estado de salud de las personas o su domicilio de residencia.

Por si te quedaran dudas de si aun así respeta las leyes, lo cierto es que la anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones. Y no podemos olvidar el Considerando 4 del GDPR:

«El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad».

Y luego el considerando 46 prevé que algunos tratamientos respondan:

«Tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria».

En resumen: no hay motivo para la alarma. DataCOVID-19 no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Muy al contrario, sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Tecnologías al servicio de la salud y la preservación de la vida

El Big Data y la posición aproximada de móviles son dos armas tecnológicas más del Estado en su lucha contra la pandemia, garantizando al mismo tiempo el derecho a la privacidad. Gracias a esta información, los organismos sanitarios podrán analizar los efectos del confinamiento, confeccionar predicciones sobre la evolución de la pandemia, comprender mejor el uso de las instalaciones sanitarias y extraer otras conclusiones útiles en la lucha contra el coronavirus. Con la colaboración de todos lo haremos posible.

#EsteVirusLoParamosUnidos