Europa lanza nuevas leyes para tener mejores algoritmos

Jorge A. Hernández    14 julio, 2022

La Unión Europea anunció la aprobación de dos grandes leyes: la de Servicios Digitales (DSA) y la  de Mercados Digitales (DMA), directrices que podrían cambiar Internet, y sus algoritmos, para siempre.

Aunque falta para la entrada en vigor, programada para 2024, las nuevas leyes DSA y DMA podrían tener un efecto incalculable en los gigantes tecnológicos: Google, Meta, TikTok y Twitter, entre otros. La razón, el amplio espectro cobijado por las nuevas propuestas.  

Estas iniciativas serían los primeros esfuerzos de regulación transnacional, anticipándose a Estados Unidos, y afectarían múltiples aspectos de la vida digital, cubriendo desde las campañas de desinformación en las redes sociales, hasta el funcionamiento de los algoritmos de recomendación. 

Incluso al usuario se le daría la opción para navegar de una forma neutra, que no esté acomodada a ningún perfil. De igual forma, se eliminará la publicidad individualizada generada por temas como la religión, la orientación sexual o la raza.

Según el comunicado oficial de la Eurocámara “el objetivo (de estas leyes) es abordar los efectos sociales y económicos de la industria tecnológica al establecer estándares para un espacio digital más seguro y abierto para los usuarios, así como un mercado digital más justo para las empresas”.

Y lo más importante, las nuevas leyes tienen dientes pues incluyen posibles multas de hasta el 6% de los ingresos globales de las empresas infractoras.

Abriendo la caja negra 

Dentro de esta iniciativa por la transparencia en línea, una parte fundamental son los algoritmos usados por las grandes tecnológicas y que según, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, son verdaderas “cajas negras”. 

Por ello, se exigiría la apertura de estos algoritmos que efectúan las recomendaciones para entender su uso y verificar que no violan las leyes de competitividad del mercado europeo.

Por cierto, la nueva regulación estaría dirigida a las empresas de más de 45 millones de usuarios activos, y se les exigiría “identificar, analizar y evaluar” los riesgos derivados de la difusión de contenidos ilegales en línea.

Otro de los múltiples beneficios que busca es permitir que los usuarios puedan cancelar los servicios de suscripción de una forma tan fácil como fue el primer registro.

Aunque es la primera legislación de este tipo, se espera que pueda generar repercusiones similares en otros países, para hacer de Internet un mejor lugar para todos.

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