Ciberseguridad en elecciones, un desafío para todos

El 2026 será un año agitado en materia electoral. Solo en América Latina habrá elecciones presidenciales en Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú, entre otros países, una situación que nos lleva a evaluar la tecnología en juego para salvaguardar estos procesos democráticos. ¿En qué consiste y qué desafíos enfrenta?

La única certeza al comenzar el 2026 es la incertidumbre, especialmente en términos geopolíticos, una circunstancia que sirve de telón de fondo a los procesos electorales de varias de las principales economías de América Latina (Brasil, Colombia y Perú), procedimientos que deben ser protegidos tanto física como digitalmente. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra la ciberseguridad electoral?

Para comenzar, la seguridad de los procesos electorales enfrenta una convergencia de amenazas que van desde ciberataques sofisticados a la infraestructura hasta campañas de desinformación impulsadas por inteligencia artificial y la interferencia de actores estatales.

Es decir, hablamos de adversarios que han perfeccionado su capacidad para atacar tanto los sistemas técnicos como el ecosistema de información que rodea a los comicios. Además, las elecciones atraen a una variedad de actores maliciosos, entre los que se incluyen actores patrocinados por Estados, ciberdelincuentes, hacktivistas, personas con información privilegiada y entidades que ofrecen operaciones de información como servicio.

Para colmo de males, la infraestructura electoral suele ser diversa y, en muchos casos, opera con tecnología heredada, presupuestos limitados y personal con niveles de capacitación variables en ciberseguridad. Eso sin mencionar sus vectores de ataque únicos, como los sistemas de registro de votantes conectados a Internet, el software de gestión electoral, las máquinas de votación electrónica, los sistemas de tabulación, los sitios web de los organismos electorales y los sistemas de difusión de resultados.

Algunos tipos de ataques

La infraestructura electoral se ha convertido en un objetivo crítico precisamente por su función en la legitimación de los procesos democráticos. Por ello, la superficie de ataque incluye desde las bases de datos de registro de votantes hasta las máquinas de votación y los sistemas de gestión electoral.

En este escenario, los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) siguen siendo la amenaza más frecuente, como ocurrió en Ucrania en 2019, Estados Unidos en 2024 y México en 2021 y 2024, entre otros casos. Se trata de incidentes que buscan generar incertidumbre pública sobre la confiabilidad del sistema y saturar los recursos administrativos durante periodos críticos.

El uso de ransomware contra bases de datos de votantes plantea riesgos aún más graves, ya que permite a los atacantes extraer información sensible antes de exigir un pago. Como muestra, en Estados Unidos, desde 2020, 23 estados han sufrido brechas en sus bases de datos de votantes, lo que representa aproximadamente el 46 % del total.

Estos datos —que incluyen nombres, direcciones, afiliaciones políticas, correos electrónicos y números de teléfono— podrían utilizarse para realizar campañas de desinformación, entre otros fines.

Tecnologías para el blindaje de las urnas

Para contrarrestar las amenazas contra los sistemas electorales y garantizar la integridad en el registro y la validación del elector, una de las tecnologías más utilizadas es la validación biométrica, combinada con mecanismos de autenticación multifactor.

Estas herramientas permiten verificar la identidad del ciudadano de manera más ágil y segura y, en algunos sistemas, se complementan con el uso de VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail), que generan un comprobante físico del voto.

Esta combinación tecnológica permite que, ante fallos o controversias en los sistemas electrónicos, exista una capa de auditabilidad manual que facilite recuentos físicos y contribuya a la legitimidad del proceso electoral.

En cuanto a la protección de los datos, se han investigado y probado técnicas criptográficas avanzadas, como la encriptación homomórfica y las pruebas de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proofs), con el objetivo de preservar el anonimato del votante sin comprometer la exactitud del conteo.

La encriptación homomórfica permite realizar operaciones matemáticas sobre datos cifrados, reduciendo la necesidad de acceder a la información en texto plano (sin cifrar) durante el procesamiento de los resultados.

De forma complementaria, el uso de tecnologías de registro distribuido (DLT), incluido el blockchain, ha sido explorado en pilotos y entornos controlados para mejorar la trazabilidad y la integridad de los registros electorales.

En conclusión, el blindaje electoral moderno exige una arquitectura de ciberresiliencia basada en infraestructuras certificadas, controles de seguridad perimetral y prácticas de segregación de funciones.

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