Tasa Google, un canon con consecuencias para las pymes y el consumidor

Aunque de momento está “en el aire” por el adelanto de las elecciones, la denominada «tasa Google» ha sido una de las protagonistas de los últimos meses.

Aprobada en anteproyecto de Ley por el Consejo de Ministros del gobierno español, si entrara en vigor, esta tasa podría suponer una recaudación cercana a los 1.200 millones de euros para el Gobierno, cifra de hecho ya incluida en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019.

Qué es la tasa Google y a quién afecta

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el nombre real que se esconde detrás de “tasa Google», tiene como objetivo gravar operaciones de la economía digital, realizadas por grandes multinacionales tecnológicas y que, en la actualidad, no tributan.

Especialmente es un canon que deberán abonar las grandes empresas tecnológicas que operan en nuestro país. Algo que debería ocurrir, pero que no siempre sucede así y es que, en líneas generales, este tipo de compañías, presentes en varios países, suelen localizar sus ingresos únicamente en el país en el que menos impuestos pagan.

Con este gravamen, el Gobierno pretende romper con este “truco” fiscal y lograr que nuestro país recaude por las operaciones de todas las empresas que operen aquí.

Concretamente, la llamada “tasa Google” establece un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

El canon afectaría a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones.

Es decir, y por ponerles nombre, la tasa afectaría a compañías como Google, Amazon, Uber, Cabify, Booking o Airbnb, empresas que trabajan con publicidad dirigida, es decir, aquella que segmenta en función de los gustos e intereses de los usuarios.

Queda exento el comercio electrónico que implica la venta de bienes o servicios contratados directamente al proveedor, sin intermediario. De nuevo y por poner ejemplos, el canon no afectaría a empresas como Zara o El Corte Inglés, que son vendedores directos.

Pequeñas empresas y consumidores

Lo cierto es que son muchas las voces críticas con este impuesto. Por un lado, por el hecho de que sea nuestro país el que regule en solitario, sin un marco europeo común al respecto.

Pero, especialmente, los recelos a esta norma vienen provocados por las consecuencias que podría tener en las pequeñas y medianas empresas y en el usuario o consumidor final. En este sentido, un informe de la consultora PwC, realizado a petición de las patronales tecnológicas Ametic y Adigital, mantiene que los principales perjudicados por este impuesto serán ellos, ya que las compañías afectadas por el gravamen acabarán transfiriéndoles el coste del impuesto.

En concreto, el informe de PwC señala que las empresas usuarias de servicios digitales verán reducidos sus beneficios por la caída de su facturación y el incremento de costes, con unas pérdidas que podrían oscilar entre los 450 y los 562 millones de euros.

Para la consultora, la tasa tendrá en las pequeñas y medianas empresas que utilizan estos servicios digitales importantes consecuencias negativas como las siguientes:

• Ventaja del canal offline frente al online, reduciendo el nivel de digitalización.
• Incremento de su coste de venta y de publicidad online, reduciendo su margen y su capacidad de comunicación con los clientes.
• Reducción de ventas, en caso de traspasar el coste al precio.
• Reducción de la productividad y competitividad.
• Ventaja de empresas locales no digitales respecto a exportadores digitales; y ventaja de importadores extranjeros frente a empresas locales digitales.

Por ejemplo, la tasa afectará al 94% de las empresas españolas que utilizan las redes sociales como herramienta de marketing digital (incluidas las microempresas y pymes) o aquellas que apuestan por el marketing de datos y la publicidad online (alrededor de un 25% de las empresas de nuestro país paga por anunciarse en Internet, según PwC.

En cuanto al usuario final o consumidor, la “tasa Google” también les afectaría por el incremento de precios que supondría, un coste que PwC establece en unos 30 euros por consumidor digital.

Las principales consecuencias para el consumidor serían, de acuerdo con la consultora:

• Incremento en el coste de los productos por el impuesto.
• Reducción de la obtención de ingresos por recursos no utilizados.
• Reducción de opciones en el canal digital.
• Ralentización del proceso de digitalización de la economía.

En resumen, una controvertida tasa que, sobre todo, retrasaría la digitalización de nuestro país, dificultando la introducción y adopción de nuevas tecnologías.

Para otras voces, se trata de un paso atrás que podría restar competitividad y mermar las opciones de emprendimiento de nuestro país.

En cualquier caso, habrá que esperar unos meses para ver si realmente sale adelante o no esta propuesta…