Políticas preventivas del cobro para evitar impagados

La crisis debida a la pandemia y la guerra de Ucrania, así como la elevada inflación pueden suponer un fuerte repunte de la morosidad empresarial en España, que afecte especialmente a los colectivos más débiles, como son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

En este entorno complejo en el cual desde el Gobierno se ha planteado un “pacto de rentas”, es decir, un acuerdo que permita repartir entre los diferentes agentes económicos el coste que supone el incremento de la inflación, me ha parecido interesante la propuesta realizada recientemente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) de establecer también un “pacto de pagos”.

El pacto de pagos aseguraría que las pymes y los autónomos cobran sus facturas dentro de los plazos legales vigentes, algo que por desgracia hoy no se cumple en gran parte de las compraventas de bienes y servicios que se realizan entre empresas.

A estos efectos, recuerdo aquí que el plazo de pago legal en España con carácter general es de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días naturales si existe acuerdo entre las partes.

La PMcM considera que este pacto de pagos, que podría lograrse reactivando la propuesta de un régimen sancionador para quien incumpla los plazos legales, debería alcanzar tanto a las relaciones comerciales que se producen entre empresas como a las que entablan empresas y administraciones públicas.

Lo cierto es que de no tomar ninguna medida al respecto, el efecto combinado de una elevada inflación y la pérdida de valor que esta supone y del retraso en el cobro de las facturas puede ser devastador para muchas pymes y llevar a su desaparición del mercado.

Políticas preventivas del cobro

No obstante, más allá de las medidas gubernamentales que puedan ayudar a mejorar la situación, desde la empresas toca extremar las precauciones en todo lo relacionado con el cobro de facturas a clientes. Especialmente se debe incidir en las políticas preventivas del cobro que minimicen la posibilidad de sufrir impagos, entre las que destacarían las siguientes:

Información sobre el cliente

Es importante la colaboración entre las distintas áreas responsables en la empresa de suministrar información sobre el cliente, especialmente entre los departamentos financiero y comercial.

Esta colaboración se puede realizar a través de estructuras formales que, de forma genérica, se denominan “comités de riesgos” o de un modo más informal, pero estamos ante una coyuntura donde se hace muy necesario analizar y compartir toda la información relevante que se tenga sobre los clientes.

Condiciones de la venta a crédito

Asimismo, es recomendable incluir en el contrato, siempre que este se llegue a firmar con el cliente, las condiciones de la venta a crédito, especificando las consecuencias en caso de retraso en el pago. Entre estas, el cobro de intereses de demora o la aplicación de la cláusula de reserva de dominio que reconoce el artículo 10 de la Ley 3/2004 contra la morosidad.

Esta cláusula permite que los bienes vendidos no pasen a propiedad del cliente hasta su pago total, siendo muy importante que, tal como señala el texto legal, se pacte expresamente entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Plazos de pago más cortos

Otra forma de minimizar el riesgo de impago es el ofrecimiento a clientes nuevos de plazos de pago más cortos que los que se ofrecen a los recurrentes.

Solicitud de avales bancarios

Igualmente importante es la solicitud de avales bancarios en función de cuál sea la fuerza relativa que se ejerza sobre el cliente. Son contratos de compromiso mediante los cuales una entidad de crédito garantiza que responderá ante la empresa en caso de que el cliente no pague. Deberemos intentar que la cobertura del aval sea lo más amplia posible y que se indique claramente que el banco es responsable solidario del pago si el cliente incumple.

Control histórico sobre comportamientos de pago de los clientes

Por último, conviene establecer un control histórico sobre el comportamiento de pago de los clientes (días de retraso, medio de pago utilizado, etcétera), detectando y evaluando los cambios significativos.

Este control normalmente lo realizan los financieros de la empresa, los cuales deben informar al resto de responsables de los cambios significativos que observen en el comportamiento de los clientes (tardan en pagar más de lo habitual, atribuyen incidencias en las facturas para retrasar su pago, modifican los medios de pago, etcétera), dentro del proceso de colaboración general señalado en el primer punto.

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