El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley de Protección Integral de Informantes, que establece medidas específicas para garantizar la confidencialidad y seguridad de las personas que informen sobre infracciones normativas, así como para evitar represalias por parte de sus empleadores o de otros actores involucrados.
Esta nueva ley, determinante para reforzar la lucha contra la corrupción y derivada de la Directiva Europea de Whistleblowing, marca un antes y un después en torno a la protección de los informantes en España. A partir de ahora, quien quiera comunicar una infracción podrá hacerlo a través de los canales de denuncias.
Ley de Protección de Informantes: plazos de cumplimiento
Las organizaciones de más de 50 empleados, las instituciones públicas y los municipios de más de 10.000 habitantes han de tener un canal de denuncias seguro y confidencial antes del 1 de diciembre. Más urgente debe ser la reacción de las empresas de más de 250 empleados, que solo tienen hasta el 13 de junio para implantar este canal.
El principal requisito de esta normativa es amparar la figura de los informantes. Sin embargo, va un paso más allá, pues la ley pretende construir una cultura corporativa más ética y transparente, para mitigar daños de reputación y pérdidas económicas en las empresas.
Directrices que deben seguir las empresas
Los expertos de EQS Group detallan las cuatro principales claves que deben seguir las empresas para cumplir con la nueva Ley:
- Designar un responsable para tratar estas denuncias, gestionar el sistema interno de información y depurar las responsabilidades pertinentes. Asimismo, esta persona deberá dar una respuesta sobre la resolución del caso en los siguientes tres meses tras haber interpuesto la información.
- Revisar los estándares de la empresa, así como todas sus prácticas, para garantizar la capacitación de los empleados para presentar denuncias a través de canales de información rigurosos. Además, es importante que las organizaciones cuenten con políticas claras y comprensibles para sus empleados y clientes, lo que tiene su reflejo en términos de confianza y comportamiento ético.
- Establecer una comunicación abierta y honesta con los consumidores y brindar información precisa sobre sus productos y servicios. Esto ayuda a construir una buena reputación y a mantener relaciones a largo plazo con los clientes en la medida en que fortalece la confianza de los consumidores.
- Implantar una cultura ética y de cumplimiento normativo sólida. Es decir, fomentar un ambiente en el que los empleados se sientan cómodos al reportar cualquier irregularidad que detecten, sin temor a sufrir represalias, lo que también contribuye a construir un entorno laboral sano.
Políticas de denuncia claras, accesibles y de fácil uso
Murray Grainger, director del Grupo EQS para España y Portugal, insta a garantizar la confidencialidad de los informantes, asegurando que su identidad se mantenga en secreto y permitiendo las denuncias anónimas.
De ahí la relevancia de que las empresas se cercioren de que sus políticas de denuncia son claras, de fácil uso y accesibles para todos los empleados. Ello obliga a proporcionar información detallada sobre cómo y a quién reportar las denuncias, y cómo se protegerá la identidad de los informantes.
Multas de hasta un millón de euros
No sólo es que el incumplimiento de esta nueva ley pueda dañar la reputación e imagen de las empresas, sino que en ocasiones puede tratarse de una cuestión de supervivencia, ya que en los casos más graves las multas pueden alcanzar el millón de euros.
En concreto, las personas físicas responsables de las infracciones serán multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros en caso de infracciones leves, de 10.001 hasta 30.000 euros por infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
Por su parte, las personas jurídicas pueden ser multadas con una cuantía de hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, de entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y de entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
“Las sanciones muy graves van desde el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información hasta impedir la presentación de informaciones y su seguimiento; o la práctica de cualquier tipo de represalia contra el informante”.
Desde EQS también resaltan que, de cara a la relación con inversores o clientes, el riesgo de incumplir estas medidas podría suponer incluso la disolución de la empresa. Por tanto, defienden que “el uso de canales éticos es vital para detectar a tiempo las infracciones y proteger a los empleados y a la empresa”.
¿Quién debe ser el responsable del canal?
La normativa recoge que debe ser el órgano de administración o de gobierno de cada entidad u organismo el responsable de designar a la persona física para gestionar dicho sistema, así como de su destitución o cese.
“El responsable del canal de denuncias deberá desarrollar sus funciones de forma independiente respecto del resto de los órganos de organización de la entidad u organismo. En el sector privado, tiene que ser un alto directivo de la entidad, que asumirá las funciones con independencia del órgano de administración. Ante todo, debe ser una persona que trate los casos con sumo cuidado, atendiendo a la regulación vigente y con la máxima protección”.
Murray Grainger concreta que suele ser alguien ligado al departamento de Compliance, como el compliance officer, pero también puede ser alguien del área legal o que conozca muy bien la empresa.
En definitiva, esta ley servirá para situar a España a la vanguardia de Europa, ya que según contempla el Informe de Denuncia de Irregularidades 2021, elaborado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden en colaboración con EQS Group, en 2020 en Europa, solo una de cada diez empresas cumplía plenamente los requisitos de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes.
Imagen de DCStudio en Freepik