La necesidad de “resetear” la regulación de la fibra en España

El mes pasado asistí al evento Retina Reset, organizado por El País, con el fin de repensar, redefinir y reimaginar un nuevo futuro. En él tendremos que poder atajar los grandes retos de las organizaciones en esta recuperación digital y sostenible que nos hemos puesto como objetivo.

Al comienzo del evento se planteaba “por qué en vez de replicar los errores del pasado la sociedad no construye una realidad mejor ahora que parte casi de cero”.

Y este planteamiento me trajo a la mente la reciente apertura de la consulta pública por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el análisis de los mercados mayoristas sobre la red de fibra óptica (mercados 3a y 3b, de la recomendación de mercados relevantes de la CE).

La importancia de hacer las cosas de otra manera también en Regulación

Me planteaba ¿por qué no ha llegado todavía el momento de realizar cambios en los viejos planteamientos regulatorios que nos han acompañado desde la liberalización del sector? ¿Acaso son esos criterios los que necesitan los ciudadanos y nuestra economía para superar la crisis actual y poder encauzar los nuevos retos? El mundo se ha vuelto VUCA y es necesario no solo adaptarse de la mejor forma, sino ser el más rápido en hacerlo, cuando el poder se ha hecho más fácil de perder.

La economía también necesita nuevos incentivos para poder superar un delicado presente, con caídas inéditas del Producto Interior Bruto (PIB) y el consiguiente impacto en todos los sectores. Es preciso que la recuperación de nuestra economía sea sólida y esto probablemente no se logrará si no contamos con la inversión suficiente para asentar uno de los pilares actuales de nuestra sociedad: las redes de telecomunicaciones.

En palabras de la ministra Calviño, “En España se ha avanzado más en digitalización estos meses que en los últimos años” y todos han reconocido las bondades de la infraestructura que lo ha posibilitado.

Pues bien, si hay un acuerdo general al respecto y somos conscientes de que nuestra red de fibra es líder en Europa, debería haber también una apuesta fuerte al respecto y eliminarse cualquier barrera regulatoria que pueda entorpecerlo.

Según Héctor Ibarra, responsable de Fjord en España, Portugal e Israel, lo digital ha dejado de ser un elemento diferencial. Y lo determinante será un propósito honesto, que es lo que demandan los clientes.

Esto me lleva a la reflexión de que la regulación de las telecomunicaciones debe dejar acceso a la libre competencia de los agentes, que deberán tener su adecuado propósito y seducir a los clientes con sus servicios.

Análisis tardío y continuista

Esta dinámica debe sustentarse en una importante inversión que posibilite la universalización de un acceso de banda ancha de calidad y velocidad. Sin el libre juego en el campo de las comunicaciones electrónicas las posibilidades de rentabilidad se verán mermadas. No olvidemos que el último de los municipios que se va a liberalizar ronda los 2.000 habitantes, por lo que el esfuerzo inversor para seguir avanzando en conseguir la extensión total de una red adecuada de fibra óptica es importante.

El presente análisis de mercado, realizado por la CNMC, llega con cierto retraso, ya que debería haber estado listo a principios de 2019, y aún se puede alargar su conclusión hasta mediados de 2021. Esto acentúa la obsolescencia de las medidas adoptadas en su día, con el consiguiente impacto en estos últimos años.

En el informe se da un importante impulso a la liberalización de parte de la red de fibra óptica de Telefónica. Pasan de 66 a 592 los municipios en los que no estará obligada a ceder su red de fibra a precios regulados. Resulta natural después de casi un lustro de la decisión anterior. Esa parte del mercado representa el 67 % de la población y el 75 % del despliegue de fibra de Telefónica. La justificación es que en estos municipios existen al menos tres redes de nueva generación con una cobertura mínima del 20 % y la cuota de Telefónica en el mercado minorista correspondiente es inferior al 50 %.

Pero todavía queda camino por recorrer, máxime mientras no se implemente un sistema para poder actualizar dicha regulación anualmente, según la evolución del mercado. Esto resta dinamismo a la competencia, como lo demuestra que la próxima decisión ya se tomará con datos desactualizados en prácticamente dos años.

En este punto, en mi opinión, los objetivos del regulador no pueden seguir siendo los mismos que cuando se dieron los primeros pasos tras la liberalización del sector, se debería dejar paso a un control ex post, donde se pueda analizar si realmente algún operador esté realizando prácticas anticompetitivas o abusando de su poder, para que el criterio que prime sea la extensión de la red a escala nacional, lo que permitiría que la España vaciada se beneficie.

Incentivos a la inversión

Los operadores necesitan nuevos incentivos para continuar con su dinamismo inversor. Como dice Warren Buffet: “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”, al igual que en la crisis. Eso nos debería llevar a confiar en los agentes actuales del mercado y ver quién está anclado y continuará invirtiendo y a quién mueven las corrientes de las ventajas artificiales o las decisiones regulatorias.

Según los últimos datos de la CNMC para el segundo trimestre de 2020, la facturación minorista disminuyó en términos anuales un 10,6 %. Según la misma información, el pasado mes de junio el 83,4 % de las líneas de banda ancha fija pertenecían a los tres principales operadores -3,6 puntos porcentuales menos que hace un año-, lo que viene a demostrar que no existe una dominancia clara que requiera promover prácticas anticompetitivas y seguir con el mantenimiento de obligaciones per se.

Es destacable que en este análisis el usuario tipo cuenta con una línea de banda ancha de al menos una velocidad de 100 Mb/s (cerca del 80 % a mediados del 2020), y casi el 70 % de las líneas de banda ancha fija son ya de fibra óptica, que es el camino por el que hay que continuar.

En opinión de la CNMC, para conseguir este elevado índice de despliegue de redes de nueva generación han jugado un papel decisivo las decisiones empresariales de los operadores, al amparo del marco regulatorio. La pregunta es ¿eso basta para continuar con el despliegue o es necesario recuperar el libre juego de los agentes del mercado como pilar para la competencia efectiva deseable?

Una redefinición regulatoria

El objetivo del plan de recuperación y reinvención digital de nuestro país, que prevé una inversión pública de 20.000 millones en el periodo 2020-2022, es impulsar la transformación mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue de 5G, el refuerzo de la ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones y de las empresas y el impulso de España como centro de producción audiovisual.

En este sentido, la ministra de asuntos económicos y transformación digital ha destacado el compromiso de asegurar una conectividad adecuada al cien por cien de la población. Y es que se considera fundamental para la vertebración del país acabar con la brecha digital entre ciudades y pueblos.

Recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaba que para “dar forma al futuro digital de Europa” hay que abarcar desde la ciberseguridad a las infraestructuras críticas, de la educación digital a la capacitación, de la democracia a los medios de comunicación. Uno de los principales objetivos de la Comisión es impulsar la innovación y transformación digital y posicionar a Europa como líder en el sector de las tecnologías digitales.

También hemos podido leer sobre la necesidad de los países del sur de Europa de reforzar su capacidad de organización para aprovechar los efectos transformadores del programa Next Generation para combatir la crisis.

Si esos son los objetivos tanto nacionales como europeos, las redes de telecomunicaciones son un asunto neurálgico. Para ello serán necesarias unas decisiones regulatorias más acordes con su consecución y replantearnos los análisis de mercado en los términos que actualmente se vienen desarrollando. El objetivo no debe ser limitar sino promover su desarrollo y eliminar todo impedimento.

Según International Data Corporation (IDC) el 40 % del PIB europeo estará digitalizado en 2021. Como reconoce CNMC “el nuevo contexto económico trae consigo importantes incertidumbres, en forma de amenazas y oportunidades, que se añaden a las propias del sector, consecuencia estas últimas de las perspectivas de crecimiento débil de los ingresos y la evolución de la dinámica competitiva”.

Por todo ello estamos en un momento crítico y se necesitan decisiones acordes para alcanzar un futuro mejor.

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