Las plataformas, la desintermediación y lagunas de la “nueva economía”

Agustina Piedrabuena Moraleda    16 septiembre, 2015

Al principio fueron los portales web. Si tenías una empresa y querías visibilidad, debías tener un sitio en la www. Había un desdoblamiento de la realidad entre lo que hacías en el mundo físico (tu tienda, tu stock, tu escaparate) y el mundo virtual. Para esto, contratabas a alguien que se encargara de diseñar un portal vistoso a la vez que accesible, con su carrito de la compra, y con algo de SEO para posicionarte en Google. El negocio continuaba, pagabas tus impuestos y generabas negocio y empleo a esas otras empresas que te ayudaban a estar al día.

Después vinieron las apps, y te dijeron que necesitabas una. Así que de nuevo llamaste a alguien que se encargó de adaptar tu web o de generar un nuevo desarrollo en Android e iOS para que tus potenciales clientes pudieran llegar a ti, fuera cual fuese el dispositivo que decidieran utilizar. Tu negocio seguía, pagabas tus impuestos y generabas negocio y empleo a esas otras empresas que te ayudaban a estar al día.

Pero, de repente, han llegado las plataformas. Y, ¡oh, sorpresa!, tu empresa ha dejado de ser necesaria. Alguien ha creado una plataforma que pone en contacto directamente al consumidor con el producto o servicio y, si no aportas nada más y te limitas a ser un mero intermediario, ya no haces falta.

Technology is eating the world”, decía Marc Andreesen: la tecnología se está comiendo el mundo tal y como lo conocíamos. Prácticamente no hay sector económico que no sea susceptible de digitalizarse. Sectores enteros que antes generaban actividad y puestos de trabajo en cualquier país y, por tanto, cotizaciones a la Seguridad Social, pago de impuesto de sociedades, renta y demás, están siendo vaciados de su valor añadido, que se está trasladando masivamente a compañías de Internet.

Antes las compañías de taxis llevaban a los pasajeros, pero ahora Uber pone en contacto a conductores con pasajeros. Conductores, por cierto, que no son choferes a tiempo total, sino sólo a tiempo parcial, y que no figuran en nómina de Uber. ¿Dónde cotiza Uber? ¿Y sus conductores? Lo mismo aplica para AirBnB, que se dedica a poner en contacto a anfitriones y huéspedes. Anfitriones, por cierto, que ofrecen habitaciones en sus domicilios particulares y que Airbnb no contrata. Usuarios y prestatarios del servicio están felices, pero taxistas y hoteleros ponen el grito en el cielo al asistir al desmantelamiento de su medio de vida (por no mencionar otros damnificados, como la industria del automóvil, incapaz aún de evaluar cómo le va a afectar el cambio de la posesión del automóvil a su uso como servicio y al hecho de que cada vez hay menos necesidad de tener coche propio).

¿Felices? El problema es que en el fondo se atisba una precarización encubierta: del empleo, de las relaciones laborales, de las condiciones salariales, incluso de las prestaciones sociales que constituyen la columna vertebral de nuestro estado del bienestar. Una economía low cost que, para proporcionar un abaratamiento en ciertos servicios al mayor número de personas posible, genera una importante bolsa de pobreza debido a la depauperación de las condiciones laborales, más flexibles pero con menos protección para el trabajador.

El siguiente actor susceptible de ser plataformizado y desposicionado son los gobiernos y su función reguladora. Siguiendo con Uber y AirBnb, conductores y anfitriones compiten en sus respectivos ámbitos para atraer al mayor número de clientes con un servicio lo más atractivo y barato posible. Toda la función regulatoria y normativa del Estado necesaria para otorgar confianza al usuario desaparece en los sistemas colaborativos, sustituida por los rankings de opiniones. No sólo los conductores o los dueños de habitaciones son puntuados por los clientes, sino que los viajeros también lo son por conductores o por los dueños de los pisos, con lo que una mala valoración de un cliente le cerrará las puertas al servicio. Por ejemplo, la empresa británica Guestscan ofrece el primer servicio europeo de lista negra de clientes conflictivos o problemáticos de alojamientos hoteleros. Abocados a un mundo donde reputación y precios sustituyen a la regulación, ¿qué rol juega el Estado?

Algunas capitales, como Ámsterdam o Chicago, ya están empezando a actuar en consecuencia. AirBnb y el ayuntamiento de Ámsterdam han firmado un acuerdo que permite a la compañía cobrar la tasa turística —un 5 por ciento del importe del alojamiento— a sus ciberhuéspedes y entregarla después al ayuntamiento. Aquí asistimos a la apertura de una nueva derivada: una empresa privada como recaudadora de impuestos municipales. Airbnb, a pesar de ser un mero intermediario entre el propietario particular y los huéspedes, se erige en recaudadora de impuestos a través de su portal web.

El ayuntamiento de Chicago hace otra lectura de la relación “gobierno-plataforma”. Desde el 1 de julio ha comenzado a aplicar dos nuevos impuestos. Uno de ellos es la extensión del llamado Amusement Tax, que grava con un 9 por ciento el coste de suscripción de servicios electrónicos. Esto puede aplicarse a la música en streaming, películas y servicios de televisión como Netflix y Amazon Prime. Una segunda norma (nonpossessory computer leases) extiende la regulación de arrendamiento de servicios electrónicos, que incluye desde ahora los servicios cloud, y particularmente los de software, infraestructura y plataformas como servicio. Es decir, los ciudadanos de Chicago que tengan contratados servicios de streaming como Netflix, Pandora o Spotify, o sean usuarios de servicios en la nube, verán incrementada su factura en un 9 por ciento. La razón aducida por el ayuntamiento es simple: desde hace veinte años, esos servicios de alquiler de música y películas se prestaban desde tiendas físicas en la ciudad y éstas pagaban sus impuestos religiosamente. Ahora están desapareciendo y, con ellas, su contribución a las arcas municipales. ¿Solución para mantener la recaudación municipal? Gravar los servicios cloud de los habitantes de la ciudad.

¿Cumple AirBnb todos los niveles de seguridad, protección de datos, etc. que se le exigen al ayuntamiento de Ámsterdam? ¿Si una empresa traslada su domicilio fiscal a una ciudad cercana a Chicago ya no paga impuestos? ¿Queda el papel de las autoridades municipales, autonómicas o estatales reducido al cobro y redistribución de cuotas a los gigantes de Internet, y dejar que el mercado se autorregule?

No pocos afirman que esta economía del compartir es una falacia. Con una retórica embriagadora y la promesa de un mundo mejor y más justo, la mayoría de estas plataformas no son más que parásitos de las relaciones sociales y económicas existentes, tal y como afirma Evgeny Morozov. No producen nada propio. El “capitalismo de plataforma” se limita a reordenar lo que otros han desarrollado y sacude toda la estructura que sostiene nuestro modelo social, a la vez que obtiene unos beneficios enormes que, irónicamente, no comparte con nadie.

Según un informe de Kleiner, Perkins, Caufer & Bauer de 2015, en EE. UU. de 1948 a 2000, el empleo creció 1,7 veces más que la población. Pero en el siglo XXI, de 2000 a 2015, la población ha crecido 2,4 veces más rápido que los empleos, lo que deja el terreno abonado para aferrarse al falso autoempleo de los mercados de plataforma. Así las cosas, lo mínimo que deberíamos exigir a nuestros políticos nacionales y sobre todo europeos, es que encuentren la manera para que esos grupos estadounidenses, cada vez más poderosos, al menos paguen unos impuestos razonables por los beneficios que obtienen en Europa. Lo siguiente exigible es que ejerzan su papel de árbitro en la relación entre empleado y empleador, y entre empresas y clientes. Porque mientras no se cambien las leyes, estas empresas no van a cambiar sus prácticas.

Imagen: Mark Warner

 

 

 

 

 

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