Cloud pública y la “res publica”

En el titular de mi post de hoy conviven una tecnología calificada como la “quinta revolución del mundo TIC”: cloud computing y una expresión del latín que se refiere a lo que en este momento se conoce como esfera pública. Y es que voy a hablar de la adopción de la nube (pública y de otro tipo de modelos también) por parte de las administraciones.

La cloud pública en sus diferentes acepciones ha sido hasta ahora un tema tabú para los organismos públicos, que entendían que su seguridad en TI pasaba por la aplicación de las más estrictas normas y situaciones de aislamiento de sus sistemas. Se puede entender, ya que las administraciones manejan por su propia naturaleza datos de millones de ciudadanos, que tienen que asegurar que están a resguardo de cualquier tipo de interacción no autorizada. En este sentido, ¿una nube privada es más segura que una pública? Hasta hace un tiempo podríamos decir que en general sí, pero actualmente las fronteras se difuminan y se ha perdido el miedo a la nube. En lugar de temores para no ir, hay múltiples razones para hacerlo y cuanto antes, mejor.

En este sentido, cloud se convirtió en uno de los grandes focos de atención para las administraciones públicas el año pasado, y parece que la tendencia continuará e irá a más en 2019. Según diversos análisis que tienen en cuenta proyectos relacionados con SaaS, IaaS o PaaS, las administraciones públicas duplicaron en 2018 el importe de sus proyectos en la nube. También, según una encuesta de Gartner, las iniciativas digitales se mantienen como prioridad para los CIO en administración pública para mejorar su eficiencia y el servicio al ciudadano y un 39 por ciento de los encuestados invertirá en plataformas en la nube.

Realmente, y desde un punto de vista conceptual, me consta que el interés en mejorar su productividad, la experiencia del ciudadano o compartir y reutilizar servicios y aplicaciones dentro de lo posible forma parte desde hace tiempo de la manera de trabajar de las administraciones públicas en España, pero aún no se habían lanzado a abrazar cloud en toda su extensión, lo cual parece que está cambiando.

O, mejor dicho, empezó a cambiar en octubre de 2017, ya que, desde entonces, cualquier entidad pública que obtenga el Nivel Alto de la certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) puede llevar su información a los servicios de Google, cumpliendo con la norma para garantizar la confidencialidad y el tratamiento de dichos datos.

El ENS, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para promover la confianza de los ciudadanos en el uso de medios electrónicos para su relación con la Administración pública. Entre otras vías, favorece la introducción de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos que utilizan la Administración y los ciudadanos.

Por lo tanto, es un hecho que las administraciones públicas españolas están empezando a sumarse a cloud computing y se ha convertido en el sector más activo en la nube, junto con finanzas y servicios, ya que el 97,6 por ciento de las instituciones públicas cuenta con algún tipo de aplicación de este tipo.

Entre otras, podemos destacar las siguientes iniciativas pioneras:

• El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Tres Cantos ha puesto en marcha una plataforma de atención al ciudadano en la nube. La herramienta CLOUD GPN6 Atención al Ciudadano sirve para gestionar la relación del consistorio y los ciudadanos.
• La Generalitat de Catalunya ha migrado a la nube el servicio de correo electrónico de 100.000 funcionarios públicos bajo un modelo optimizado de nube privada centralizado en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
• El Gobierno de Castilla-La Mancha usará la nube para ofrecer servicios más flexibles y baratos con un modelo de nube privada en todas sus consejerías. La primera de ellas, la de Educación, con el programa «Papás 2».

Por tanto, la adopción de cloud por parte de las Administraciones públicas permite que puedan prestar nuevos servicios y mejoren la eficiencia de los existentes. Entre los primeros, podrían estar la detección y aviso temprano de terremotos o la resolución de crímenes de manera casi inmediata merced al seguimiento automático de feeds de imágenes y vídeos grabados por los medios sociales y las cámaras de seguridad conectadas a Internet. Todo ello con la debida transparencia en el uso de los datos y el respeto a la privacidad de sus propietarios. Para lo cual cloud no es impedimento, claro está.

Imagen: OpenClipart-Vectors / pixabay